Los computadores de Raúl contenían 37.872 documentos de texto, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes, 10.537 archivos multimedia, que pesaban 610 gigabytes de información.
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Raúl es parte del alias del extinto jefe de la guerrilla de las FARC, alias Raúl Reyes, ultimado durante el desarrollo de la Operación Fénix por parte de las Fuerzas Militares de Colombia, ocurrida en territorio ecuatoriano la madrugada del 1 de marzo de 2008. Alias Raúl Reyes era buscado por la justicia por ser uno de los líderes de las FARC y por lo tanto uno de los responsables de la expansión de la actividad narcotraficante de la guerrilla, así como también de la muerte de cientos de personas, civiles y militares, que interferían en esta actividad.
La incursión en territorio ecuatoriano desató la Crisis diplomática de Colombia con Ecuador y Venezuela de 2008.
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El gobierno de Colombia envió los computadores a la Policía Internacional (Interpol) para que se demostrara la veracidad en sus contenidos. Interpol asignó a tres técnicos expertos en computadores de Corea del Sur, Singapur y Australia para analizar el contenido.
El informe de la Interpol fue dado a conocer el 15 de mayo del 2008, según el informe, los contenidos de los computadores no habrían sido manipulados por las autoridades colombianas, la información tuvo un tratamiento ajustado al protocolo internacional para este tipo de pruebas a partir del 3 de marzo; sin embargo, entre el 1 de marzo y el 3 de marzo, fechas en las que los computadores estaban en manos de las autoridades colombianas el acceso a los datos no se ajustó a los protocolos internacionales aunque no se encontraron indicios de que se hayan creado, modificado o suprimido archivos de usuario en ninguna de las pruebas.
Interpol posteriormente aceptó que se rompió la cadena de custodia y que los computadores de Raúl Reyes en un determinado tiempo estuvieron expuestos a posibles manipulaciones. Esto hace que cualquier información que se quiera tomar como prueba para un caso judicial, no pueden tomarse como evidencias, ya que no existen las certificaciones necesarias de la cadena de custodia.
En su momento los presidentes de Ecuador y Venezuela, Rafael Correa y Hugo Chávez, negaron la veracidad de la información obtenida en los computadores y, acusaron a Álvaro Uribe, presidente de Colombia en 2008, de querer provocar un conflicto bélico. También alegaron que Uribe pretendía tapar el escándalo interno de la parapolítica, que vinculó a círculos cercanos al gobierno colombiano con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La información y la acción derivada de su manejo ha resultado de utilidad en algunos casos que se describen a continuación; en otros han dejado solo la duda de su veracidad.
Con la información de los computadores se reveló el nexo de las FARC con un traficante de armas llamado Viktor Bout, lo cual ayudó a su posterior localización y captura en Tailandia el jueves 6 de marzo de 2008. Bout, también llamado "el mercader de la muerte" es acusado de suministrar armas a las FARC además de otros grupos terroristas.
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También con la información tomada del computador de Reyes, las autoridades colombianas y las autoridades costarricenses confirmaron y recuperaron un dinero perteneciente a Raúl Reyes y alias Rodrigo Granda. El monto del dinero encontrado fue de 480 mil dólares camuflados y que serían enviados a Colombia a petición de estos. El dinero fue dado a una pareja costarricense quienes dijeron que desde 1997 o 1998 guardaban en su casa la caja fuerte por solicitud directa de Granda, pero alegaron no saber el contenido real en la caja fuerte.
Uno de los contenidos del computador permitió que el Gobierno colombiano hallara en la vereda (caserío) Pasquila de Bogotá, unos 30 kilos de uranio empobrecido. Según las fuerzas militares de Colombia al parecer pretendían crear una "bomba sucia". Las Farc desmentirían dicha información basándose en que no tenían los medios para procesar dicho material.
Otra información describe un plan para derribar diez aviones del Ejército colombiano para cambiar las reglas de la guerra en Colombia. Todo quedo en plan.
Existe una serie de documentos donde se le asignó un correo electrónico a la senadora Piedad Córdoba, usando el seudónimo de Teodora de Bolívar. Piedad Córdoba dijo que los computadores de Reyes eran una farsa y montaje del gobierno colombiano para vincularla con las FARC y negó cualquier relación con el seudónimo de Teodora. La inexistencia de correos electrónicos fue comprobada en dichos contenidos, sólo documentos Word. El gobierno colombiano reiteró que jamás manipuló los cerca de 16.000 archivos que contenían los portátiles del subversivo.
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Según la interpretación de los documentos de los computadores de Reyes, Venezuela habría ayudado a armar a los insurgentes y junto con las FARC acordaron un plan común de la seguridad y se buscó el entrenamiento básico en técnicas de la guerrilla a las fuerzas militares venezolanas.
En un archivo se destaca el supuesto agradecimiento de Chávez por la ayuda recibida por las FARC cuando estaba en prisión, en 1992, después de intentar un golpe de estado, por 100 millones de pesos, unos 50.000 dólares a la tasa de cambio del momento. Ángel, es el supuesto pseudónimo de Chávez en la correspondencia de las Farc.
Chávez habría puesto en contacto a las Farc con traficantes de armas internacionales que las enviarían vía Maracaibo. Venezuela habría aportado supuestamente 300 millones de dólares a las Farc.
Otro señalamiento del portátil es que las Farc mataron a seis soldados venezolanos en territorio de Venezuela y que Hugo Chávez se habría puesto de acuerdo con esa guerrilla para ocultarlo y culpar a los paramilitares. Un grupo de guerrilleros de las FARC, que habrían actuado a espaldas de su comando, serían los que emboscaron y mataron a cinco militares venezolanos y una ingeniera de PDVSA en el estado Apure. Los cuerpos de seguridad de Venezuela siempre acusaron de la autoría de este grupo de la guerrilla de las FARC en el hecho ocurrido.
Otra información de los computadores que fue desplegada por los medios impresos, indican que en el computador existían evidencias de la relación de las Farc con algunos de los capos de la droga, alias Chupeta, Asprilla y Macaco. A Chupeta le habrían hecho una venta millonaria de cocaína o "Cristal" y él les habría ofrecido misiles y contactos con libaneses. El envío de drogas de las Farc según los computadores se haría a través de México. En otro correo mencionan que han hecho una venta de 700 kilos de cocaína por 1.5 millones de dólares.
Según los datos recogidos, habría conexiones entre las FARC y la banda separatista vasca ETA. Existen diligencias judiciales que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA. En diciembre de 2008 se aprobó investigar la denuncia que había interpuesto la Fiscalía contra cinco etarras por dar y recibir cursos sobre manejos de explosivos con miembros de las FARC y del Frente de Liberación Bolivariana (FLB) en la selva de Colombia. Tres de los etarras procesados se encuentran actualmente residiendo en Cuba, otro en Venezuela, uno más en México y el sexto se encuentra en paradero desconocido.
El auto revela cómo los colombianos pidieron ayuda a los vascos para atentar en España contra el presidente de su país y su antecesor, así como contra otros dirigentes sudamericanos. Además, revela que militares venezolanos escoltaron a etarras que iban a impartir cursillos a las FARC en 2007.
En octubre de 2010, miembros de la organización radical vasca; reconocieron que ETA utilizaba a Venezuela para sus entrenamientos armados y de explosivos. La información en los computadores de Raúl Reyes y documentación intervenida a ETA en Francia también ayudaron a confirmar que funcionarios del gobierno venezolano de Hugo Chávez encubren a miembros de ETA en Venezuela.
En febrero de 2008, el fiscal general de Colombia, dio a conocer una lista de 12 personas que podría ser investigadas formalmente por la justicia por presuntos vínculos con las FARC. La fiscalía también envió a las autoridades gubernamentales de Ecuador, Venezuela y Estados Unidos, la información obtenida sobre presuntos vínculos de cuatro extranjeros con la guerrilla de las FARC. En septiembre del 2010, la Procuraduría General de la Nación decidió destituir a Piedad Córdoba de su cargo como senadora y la inhabilitó por 18 años para ejercer oficios gubernamentales.
El fundamento del procurador Alejandro Ordóñez sobre esta sanción se debió a las supuestas pruebas de vínculos con las FARC. Dichas pruebas fueron extraídas de los computadores del guerrillero Raúl Reyes, basado en informes presentados por la Interpol, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dijin, sobre la autenticidad de esos medios electrónicos. La senadora Piedad Córdoba expresó que su inhabilitación era una estrategia política que de manera ruin buscaba acabar no solamente con la oposición, sino con la izquierda en Colombia.
Asimismo aclaró que las evidencias tomadas en su contra, las cuales fueron obtenidas de los computadores de alias Raúl Reyes, según el gobierno colombiano, es un montaje que beneficia a los intereses de algunos políticos de ese país: “Estoy totalmente convencida además de que fue escrito por personas de inteligencia, los intereses del ministro de la Defensa en ese momento, el general de la Policía”.
El gobierno de Venezuela no considera como terroristas a las FARC, el expresidente, Hugo Chávez, solicitó un estatus de beligerancia para dicho grupo y que fuesen excluidas de las listas de organizaciones terroristas de los gobiernos americanos y de la Unión Europea.
También dijo que las FARC tienen un proyecto político bolivariano que en su opinión es respetado en Venezuela. En cambio, el bloque de la Unión Europea rechazó esa propuesta y reafirmó la posición de la Comunidad Europea respecto al calificativo de terroristas para las FARC.
Las FARC fueron acusadas de tener campamentos sobre territorio venezolano, utilizaban la zona como refugio de los ataques de la fuerza pública colombiana para reabastecerse, recuperarse y mantener secuestrados. Periodistas venezolanos presentaron un video de un encuentro entre el ejército venezolano y las FARC de junio del 2000, en Venezuela se afirmó que la grabación muestra tan sólo una misión humanitaria del Ejército. Las FARC también usaban a Venezuela para tráfico de armas y drogas.
Dentro de las pruebas que más resonancia han tenido sobre la presencia de las FARC, se cuentan fotografías satelitales y video de inteligencia, donde se aprecian estructuras similares a campamentos (con zonas de vivienda y entrenamiento militar) en el lado venezolano de la frontera con Colombia, que pertenecían presuntamente a la guerrilla de las FARC.
En un principio, el canciller venezolano Nicolás Maduro negó la existencia de estos campamentos y rechazó la propuesta de visitar la zona junto con observadores internacionales para verificar las denuncias presentadas; finalmente, con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia en 2010, el tema pasó en parte al olvido en pro de mejorar las relaciones entre ambos países, lo que ha traído como resultado a la fecha que no se haya podido probar con visita a la zona la presencia de los campamentos.
Desde el año 2017 se denuncia la presencia en Venezuela del ELN y de disidencias de las FARC, realizando trabajos como capataces en las explotaciones de oro, diamantes y coltán de los estados Bolívar, Apure y Amazonas; los dos últimos fronterizos con Colombia, donde estarían trabajando en alianza con el gobierno venezolano para explotar los recursos mineros, transportarlos y entregarlos al gobierno, que ahora recurre a la explotación minera como nueva fuente de ingresos ante el declive de su producción petrolera, dándole a las Fuerzas Armadas venezolanas un papel pasivo en los lugares donde están los grupos ilegales colombianos.
Recopilación de la Información y Restructuración por Antonio Jimenez.
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